La homofobia como norma de estado

La homofobia como norma de estado

Ser libremente lo que quieres ser o hacer puede llevarte a la cárcel. O peor aún, recibir la pena de muerte. Este es el caso de las personas homosexuales en 69 países, en los que sentirse atraído por alguien del mismo sexo está fuertemente criminalizado. 

Así lo estudia el último informe de Homofobia de Estado 2020 de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA). Mientras que en la mayoría de países que conforman la ONU asumir la orientación sexual de cada uno es legal, el 35% continúa castigando la homosexualidad en sus leyes. Del total de 69, Irak y Egipto no lo tipifican en sus legislaciones, pero sí existe “una criminalización de facto”, según la ILGA, con suma violencia desde el gobierno, la policía e incluso la prensa. Además, este estudio revela que en seis de estas localizaciones, el castigo por mantener relaciones sexuales es la condena a muerte, entre ellos Mauritania, Pakistán y Yemen.

Mapa de la homofobia según ILGA en su Informe sobre Homofobia de Estado 2020

Tras el estudio, la organización analiza que poco a poco van disminuyendo los estados que penalizan homosexualidad, como es el caso Gabón, el último país en salirse de la lista, y puede que Bután esté a punto de hacerlo. Sin embargo, en aquellos territorios donde sí ocurre, es cruelmente sentenciada. Tal y como explicó el abogado Lucas Ramón Mendos, principal autor del informe, “las personas pueden ser denunciadas y detenidas en cualquier momento, incluso bajo la mera sospecha. Los tribunales les procesan y les condenan a prisión, flagelación en público o la muerte”. Son 30 los países que condenan a las personas homosexuales con hasta 8 años de cárcel, en otros 27 la pena abarca desde los 10 años en prisión a la cadena perpetua.

“Los policías le dijeron a los presos que hicieran lo que quisieran conmigo. Uno de ellos intentó violarme” Relato de S.G.

Pero es que, en algunos países que no se pronuncian legalmente, como es el caso de Egipto, como mencionábamos, o Rusia, las personas del colectivo son perseguidos y marginados por los propios ciudadanos, vecinos y hasta familiares. El joven veinteañero S.G. (usando siglas para proteger su identidad) relató para El Mundo el terror que vivió hace pocos años. Una noche durante el verano 2017, llegó a su casa de madrugada con amigos, entre ellos una persona transexual. Los vecinos de su edificio se percataron y comenzaron a aporrear la puerta entre gritos, despertando al resto de la comunidad. S.G. intentó negociar con ellos, porque sabía que si llamaban a la policía sucedería una desgracia, pero no hubo manera. Los agentes consideraron pruebas dos preservativos, la ropa interior de su hermana y un proyector que confundieron como una cámara de vídeo, por lo que dieron por hecho que estaban grabando una película pornográfica gay. Tras la redada, los separaron y llevaron a comisaría, y S.G. recuerda con temor todos los abusos que recibió. “Los policías le dijeron a los presos que hicieran lo que quisieran conmigo. Uno de ellos intentó violarme”.

“Para oprimirnos, perseguirnos, convertirnos en chivos expiatorios y discriminarnos”

Y esta es solo una de las muchas horribles experiencias que siguen padeciendo las personas LGTBI en muchos lugares del planeta, y que, lamentablemente, algunas ni siquiera pueden denunciar. Además, la organización ILGA reconoce que la lista de los países que criminalizan la homosexualidad solamente atiende a aquellos que penalizan las relaciones en el ámbito privado, y asegura que es necesario un estudio que analice en profundidad las “múltiples capas de la realidad”. Esto se debe a que el informe no recoge, por ejemplo, aquellos territorios que limitan la libertad de expresión en cuanto a contenidos LGTBI, que suponen el 21% de los países miembros de Naciones Unidas, basándose en que constituyen un delito contra la religión y la moral. Tampoco contiene los estados como Indonesia, en los que se impulsan las terapias de reconversión, o la desaparición de espacios seguros para el colectivo en consecuencia de la pandemia por Covid-19, que, según advierte la asociación, ha servido a los gobiernos “para oprimirnos, perseguirnos, convertirnos en chivos expiatorios y discriminarnos”.

En definitiva, resulta hasta surrealista que a día de hoy continúen estando vigentes normas cuyo objetivo es castigar y perseguir a las personas que forman el colectivo LGTBI, o siquiera cómo es posible que sean los mismos amigos o familiares quienes lo criminalicen y ataquen. ¿Por qué hay personas y, por tanto, instituciones que sufren irritación al ver a parejas de personas del mismo sexo? ¿En qué medida afecta al funcionamiento de los estados las personas LGTBI? ¿Por qué una persona ha de ser condenada a prisión, a recibir violencia o la muerte por su orientación sexual? Es surrealista hasta el simple hecho de tener que cuestionarnos estas preguntas, y para colmo, tener que seguir a la espera de respuestas, ya no verbales, sino soluciones para que algún día estas dudas sean un mero recuerdo. 

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Irene González Suárez

Redactora Web